Busca Senado de EU legalizar a 11 millones de migrantes

WASHINGTON.- Los senadores demócrata Patrick Leahy y Robert Menéndez presentaron un proyecto de ley de cinco partes que incluye la seguridad fronteriza y la legalización de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

El plan crea un estatus de Prospecto de Inmigrante Legal (LPI), por cuatro años, periodo que se puede extender, para indocumentados sin antecedentes penales que viven en el país desde antes del 30 de septiembre.

Los solicitantes de LPI, que recibirán un permiso de trabajo, autorización para viajar al extranjero y beneficios a familiares inmediatos, deberán presentar sus datos biométricos, someterse a una revisión de seguridad y pagar una multa de 500 dólares y tarifas.

La iniciativa propone que los inmigrantes podrán pedir el estatus LPI incluso si están en proceso de deportación al momento de su inscripción o tienen una orden pendiente de deportación.

Con el propósito de solicitar la «tarjeta verde» de la residencia permanente, los solicitantes deben esperar seis años, pagar impuestos y mil dólares de multa, aprender inglés y educación cívica, además de someterse a una revisión adicional de sus antecedentes.

Los beneficiarios deberán ponerse al final de la línea de los casos actuales para la residencia permanente. El programa de LPI incluye una revisión administrativa y judicial, protecciones de confidencialidad para los solicitantes y sus empleadores.

Además, incorpora el proyecto de ley Dream Act para legalizar cientos de miles de estudiantes indocumentados si continúan sus estudios universitarios o se inscriben en la universidad.

En el control fronterizo, el proyecto establece metas que se deben lograr antes de que los indocumentados soliciten la residencia permanente y requiere que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revise recursos para seguridad fronteriza e interna.

Además, propone más recursos en puntos de entrada y tecnología, la expansión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el mejoramiento de la cooperación con Canadá y México.

La propuesta establece que el poder de regular la inmigración reside en el gobierno federal y no en las autoridades locales y estatales, excepto en el caso de los acuerdos 287g entre el ICE y las policías locales.

También involucra a comunidades fronterizas en políticas de aplicación de la ley por la creación de una Comisión de Control Fronterizo y una Oficina de Enlace de Comunidades Fronterizas.

Respecto a la aplicación interna de las leyes, ordena a los empleadores que en un plazo de cinco años usen sistemas de verificación de empleo, crea una tarjeta de Seguro Social a prueba de fraude y agrega penas criminales por fraude de números del Seguro Social.

La iniciativa propone imponer estrictas medidas para impedir el abuso de las visas o el fraude en documentos como pasaportes, agrega protecciones para evitar la deportación errónea de ciudadanos y residentes legales y mejora las condiciones de detención.

Asimismo, proporciona normas de sentido común para proteger a «poblaciones vulnerables» como inmigrantes ancianos o enfermos, víctimas de tortura, menores de edad, y termina el periodo de espera para refugiados y asilados a que obtengan tarjetas verdes.

Sobre la reforma del sistema, busca crear una comisión para evaluar el mercado laboral y recomendar programas de visas de trabajo, además crea una estructura para un nuevo programa de visa de no inmigrante H-2C, y expande protecciones para otras categorías de visa.

También incorpora el proyecto de ley AgJobs para la legalización de trabajadores agrícolas así como también el proyecto Uniendo a las Familias Estadunidenses (UAFA) que permite que parejas del mismo sexo se beneficien del sistema de inmigración familiar.

Un proyecto similar con medidas más favorables a los inmigrantes presentó en diciembre pasado en la Cámara de Representantes el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez.

En caso de ser aprobados por sus respectivas cámaras, las propuestas de Menéndez-Leahy y de Gutiérrez deben conciliar diferencias para una versión final y su promulgación por parte del presidente Barack Obama.

(Información de Notimex)