Para que los sonorenses conozcan lo que se vivió en Sonora durante la Independencia y Revolución Mexicana, pero sobre todo, para analizar el futuro de la entidad en materia económica y educativa, la Comisión de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en el Congreso del Estado presentó una serie de programas de televisión que se transmitirá por Telemax, a partir del lunes 6 de septiembre.

“Sonora en el Bicentenario. Rumbo a los próximos 100 años”, es una serie de diez  programas de análisis, debate y proyección en el que participan investigadores, analistas, biógrafos, representantes del sector educativo, líderes  políticos, entre otros, con diferentes temáticas de interés para todos los sonorenses, explicó el Diputado  José Guadalupe Curiel, Presidente de la Comisión.

En presencia del Presidente de la Diputación Permanente, Dip. Bulmaro Pacheco Moreno y de integrantes de la Comisión, se presentó a medios de comunicación el serial del programa y se explicó que este esfuerzo es parte del programa de actividades que se está llevando a cabo en Sonora a partir de la firma del convenio con el Senado de la República, para estos festejos.

“Se trata de conocer y analizar los dos movimientos sociales y políticos más trascendentes de la historia no desde el centro del país como tradicionalmente  se  conoce, sino desde Sonora, cómo vivió Sonora ambas  épocas y las repercusiones que  estos acontecimientos  tuvieron en el desarrollo de esta entidad”, dijo.

Sin embargo, agregó, lo importante es que esta serie de diez programas que se transmitirán de 9 a 10 de la noche  todos los lunes a partir de este 6 de septiembre, es que  contiene una serie  de debates sobre lo que sigue para Sonora en los próximos cien años.

El Diputado José Guadalupe Curiel explicó que este es un esfuerzo de la 59 Legislatura para conmemorar los 200 años de la lucha por la Independencia y los 100 años del inicio de la Revolución, pero con un legado histórico y educativo para los sonorenses que se preguntan ¿qué festejamos?

“Es importante conocer la historia y estar orgullosos de muchos personajes que participaron en la construcción del Sonora y del México actual, pero esto debe ir más allá, nos hemos propuesto dejar testimonio de cómo se vio y se vivió la lucha independentista y la lucha  revolucionaria desde esta tierra y no desde el centro del país y ver hacia delante, qué sigue, adónde vamos, qué tenemos que hacer y mejorar, por ello invitamos a los jóvenes y no tan jóvenes a que compartan esta serie y este  trabajo que estamos  llevando para el público de Sonora”, apuntó.

Por su parte, el diputado Bulmaro Pacheco Moreno, Presidente del Congreso del Estado, anunció la visita el prróximo 8 de septiembre de la biógrafa Laura Alarcón Menchaca que estará en Hermosillo y Guaymas, como parte de estos festejos en Sonora, y  refirió que la Comisión de este Poder Legislativo ha estado cumpliendo el programa propuesto que ha incluido concursos de fotografía, video, ensayo sobre el tema.

En la reunión también estuvieron presentes los diputados Sara Martínez de Teresa y Faustino Félix Chávez, integrante de la citada Comisión.

Los informes con los resultados de la revisión que hizo el ISAF a las cuentas de la Hacienda Pública Estatal y de los 72 ayuntamientos, correspondientes al ejercicio fiscal 2009, fueron entregados este lunes en tiempo y forma a la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de la 59 Legislatura.

El auditor mayor del ISAF, C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, hizo entrega de la documentación al presidente de la Comisión, Dip. Otto Guillermo Claussen Iberri, dentro del plazo que establece la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

En la reunión estuvieron presentes los secretarios de la Comisión de Vigilancia, diputados Roberto Ruibal Astiazarán, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Héctor Moisés Laguna Torres, Damián Zepeda Vidales, Oscar Manuel Madero Valencia, Gorgonia Rosas López, Dip. César Augusto Marcor Ramírez.

El Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2009, elaborado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, consiste en 3 tomos, así como seis carpetas que contienen los 57 dictámenes con los informes cortos y largos de los despachos externos que auditaron a las entidades paraestatales y que fueron contratados por la Secretaría de la Contraloría.

Asimismo se entregaron 72 Informes de Resultados de la revisión de cada uno de las Cuenta Públicas de los municipios; comprendiendo la fiscalización a 72 municipios, 77 organismos paramunicipales y 3 organismos intermunicipales.

Además se entregó información digital en CD, que contiene los Informes de Resultados del Gobierno Estatal y de los Gobiernos Municipales, así como la metodología referente a la evaluación al desempeño que se hizo a cada uno de los municipios, con base a 16 indicadores de los ámbitos de Gestión Financiera, Función Recaudatoria, Política de Gasto, Administración de Fondos Federales, Cumplimiento de Metas, y Monto Cuantificado de las Observaciones Relevantes.

El Presidente y Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, manifestaron sus felicitaciones al Auditor Mayor y al personal del ISAF, por el esfuerzo realizado, exhortándolos a continuar con la labor profesional que ha caracterizado durante estos años al ISAF.

Inicia Comisión análisis de informes

El diputado Otto Guillermo Claussen Iberri señaló que, una vez que la Comisión de Vigilancia entre al estudio y análisis de esta documentación, se estará en condiciones de emitir una opinión sobre el resultado de las revisiones que llevó a cabo el Instituto.

El Auditor Mayor del ISAF se manifestó a disposición de los diputados para que su equipo de trabajo resuelva cualquier duda que exista con relación a los informes.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados rechazó el dictamen de reformas al artículo 69 constitucional, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, debido a que la votación no cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General.

El PRI y el PVEM insistieron en que el jefe del Ejecutivo debe acudir personalmente a entregar su informe anual de gobierno, mientras que el PAN y PRD le vieron poco futuro a la iniciativa presentada por el Revolucionario Institucional.

En un oficio dirigido al diputado panista Agustín Torres, el presidente de dicha Comisión, Juventino Castro y Castro, dijo que no es legal la votación de 11 votos a favor y ocho en contra del dictamen con el cual se pretende reinstaurar que el presidente de la República entregue personalmente su informe de gobierno.

Expuso que en virtud del rechazo al dictamen relativo al artículo 69 de la Constitución mexicana, el secretario técnico de la Mesa Directiva recomendó someter nuevamente a votación el proyecto para subsanar el requisito previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica.

Dicho clausulado establece que para que exista dictamen aprobado, se necesita que la mayoría de los integrantes de una comisión voten a favor del proyecto, y en el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual está integrada por 30 diputados, se requiere del voto de por lo menos 16 legisladores.

En entrevista el ex ministro y legislador perredista, mencionó que aún cuando se reponga la votación y haya mayoría, se tendría que recorrer un largo proceso legislativo, empezando por la aprobación del pleno de San Lázaro.

“Después de la Asamblea de aquí pasará a la de Senadores, y después de la de Senadores pasará a las otras legislaturas de los estados. Entrará en vigor de inmediato pero cuando haya sido aprobado por todas estas instancias; de manera que percibo yo que uno o dos años faltarán”, comentó.

En tanto que el vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, reiteró que la propuesta priista de regresar al viejo formato del informe presidencial es regresivo, además de que no garantiza un esquema de diálogo respetuoso con control parlamentario.

“Después de la Comisión viene el pleno de la Cámara de Diputados donde requieren dos terceras partes que por si solos no logran, si se diera esa posibilidad que se ve difícil, pasaría al Senado donde no tienen los votos necesarios (.) algunos han querido echar campanas al vuelo y yo dudaría que en el corto plazo pueda darse”, indicó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Rojas, dijo que “debemos instaurar el acto republicano de rendición de cuentas con todo el respeto que nos merece el Ejecutivo federal y nos deberá merecer a todos los mexicanos”.

Al respecto el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Natale, consideró que con o sin reforma constitucional, el presidente Felipe Calderón debe asistir por iniciativa propia desde el próximo 1 de septiembre al Congreso de la Unión a rendir su informe.

(Información de Notimex)

Para analizar las propuestas y aportaciones de la sociedad e integrar un proyecto final de Código de Procedimientos Familiares y del Registro Civil para el Estado de Sonora, iniciaron las mesas de trabajo sobre esta materia, informó el diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos encabezó la primera reunión de análisis de las propuestas recibidas en la consulta pública, las cuales formarán parte de la iniciativa que será llevada a Pleno.

“De esta manera reanudamos el trabajo, en esta primera reunión definimos analizar en forma separada los 97 artículos relativos al Registro Civil que será materia de una reforma a la ley en la materia”, explicó el legislador.

El Código de Procedimientos Familiares y del Registro Civil consta de un total de 488 artículos, de los cuales se determinó analizar los 391 que corresponden a los procedimientos familiares y de ellos se avanzó con los primeros 33 que ya fueron revisados por los representantes de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, Gobierno del Estado, Poder Judicial, Colegio de Notarios, Barra Sonorense de Abogados, Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora y Oscar Serrato Félix, quien presentó la iniciativa.

Durante más de tres horas, los especialistas revisaron el contenido del documento y los comentarios vertidos durante la consulta pública a fin de definir un proyecto de documento que represente avances en la materia en Sonora.

La figura de los Consejos de Familia, contemplada en el Código, fue analizada en la mesa como un órgano de mediación y conciliación en conflictos de familia, a fin de tratar de solucionarlos de manera ágil a través del consenso en los casos en que pueda evitarse el llegar a un juicio.

A este respecto presentaron sus sugerencias los representantes del Poder Judicial, Barra de Abogados y Colegio de Notarios a fin de que se convierta en una instancia que apoye el bienestar de las familias sonorenses.

Zepeda Vidales agradeció el interés y aportaciones de las diferentes instituciones que se reunirán dos veces por semana de trabajo contempla dos reuniones por semana un proyecto de documento a tiempo para que pueda entrar en vigor en octubre de este año, como lo establece la Ley.

Cabe destacar que la reunión de la mesa técnica fue transmitida por Internet en la página oficial del Congreso del Estado www.congresoson.gob.mx para permitir a ciudadanos y especialistas en el tema familiar conocer en detalle el contenido y mejoras al documento.

Existe interés de abogados, investigadores y funcionarios por estas mesas de trabajo, y en esta primera reunión participaron integrantes del Colegio de Notarios de San Luis Río Colorado, como muestra de cómo se aprovecha la tecnología de la información para difundir el trabajo legislativo.

El PRI citará al fiscal de PGR para que aborde el caso de reporteros plagiados en Durango.
“La dictadura de las balas pone en riesgo la gobernabilidad”, advierte Vázquez Mota.

Diputados federales y senadores de PAN, PRI y PRD se congratularon por la liberación de los cuatro periodistas secuestrados en Durango la semana pasada, pero exigieron al gobierno de Felipe Calderón poner en marcha acciones “inmediatas, firmes, concretas y decididas” para evitar más atentados contra informadores, así como “blindar”, desde el Congreso de la Unión, el ejercicio de la libertad de expresión, endureciendo las penas por los delitos cometidos contra comunicadores.

Tomar esas medidas, aseveraron los legisladores federales a MILENIO en entrevistas por separado, permitirá atacar de manera contundente “la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, que no es sino la complicidad del silencio y el no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia”.

En tanto, legisladores priistas anunciaron que solicitarán a la Comisión Permanente que se cite al titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas Chávez, para abordar este caso.

La lideresa de Acción Nacional en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, así como Carlos Flores Rico, vicecoordinador general de la bancada priista, y Jesús Zambrano, vicepresidente perredista de la Cámara de Diputados, se pronunciaron por revisar a la brevedad la ley y endurecer las penas en delitos contra comunicadores.

En el editorial del órgano informativo de los diputados federales del blanquiazul, Vázquez Mota alertó: “La dictadura que hoy pretende (imponer) el crimen organizado sobre la libertad de expresión por medio de las balas es absolutamente condenable y constituye una de las principales amenazas a la gobernabilidad, al estado de derecho y a nuestras libertades”.

Pidió a la PGR fortalecer y “dar cuenta de las acciones inmediatas” de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y denunció supuestas complicidades de autoridades locales con el crimen organizado en detrimento de los periodistas y medios.

“Hay testimonios que dan cuenta de la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado: la complicidad del silencio, de no asumir a escala estatal la responsabilidad de impartir justicia, de reconocer que estos crímenes y amenazas suceden en los territorios gobernados por ellos.

“Esa complicidad (es la misma) con la que las autoridades estatales voltean al gobierno federal para afirmar que no les corresponde la tarea y, por tanto, poco o nada pueden y quieren hacer. Esta complicidad es hoy, en muchos territorios, la mejor apuesta con que cuentan los criminales”, acusó la legisladora panista.

Por ello, convocó a los legisladores de las fuerzas representadas en el Congreso a reformar las leyes que blinden y salvaguarden el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.

El priista Carlos Flores Rico celebró el rescate de los comunicadores levantados en Durango, pero reconoció que “no hay indicios de que el ejercicio de la libertad de expresión esté blindado contra la acción del crimen organizado, por lo que la actividad reporteril se ve afectada por una mala estrategia gubernamental”.

Exigió al gobierno federal “acciones concretas” para prevenir futuros ataques contra periodistas, aunque afirmó que para lograrlo es preciso dar un giro a la estrategia contra la delincuencia organizada, más allá de la “guerrita” que ha ofrecido resultados positivos, pero a todas luces insuficientes.

El legislador priista reconoció que el Poder Legislativo debe analizar la posibilidad de sancionar con mayor rigor a quienes obstaculicen el ejercicio de los periodistas.

Su compañero David Penchyna coincidió en que se requiere una acción inmediata, misma que el gobierno no ha emprendido de manera eficaz, y señaló que hasta el momento la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ha tenido resultados “magros” .

El diputado Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, y el senador perredista Tomás Torres coincidieron en la necesidad de que comparezca el titular de dicha fiscalía “para que explique éste y los demás casos de violación de la libertad de expresión”.

En tanto, el perredista Jesús Zambrano reconoció la intervención de la Policía Federal para liberar a los comunicadores secuestrados y confió en que el operativo que se aplicó para su liberación no sea para salir del paso, sino que se corresponda con “acciones firmes y decididas” para evitar más agresiones contra periodistas.

El líder del PRD, Jesús Ortega, culpó al gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, de no brindar garantías para ejercer la libertad de expresión.

En esa entidad, sostuvo, “hay desgobierno, no hay quien aplique la ley, no hay quien aplique justicia y tampoco existe el derecho de protestar o de informar”. Eso lo padecen a diario sus pobladores, pero el gobierno estatal “no lo quiere asumir”, indicó.

(Información de Milenio)

Debido a que el norte del país, aun no se recupera de la devastadora visita de Alex, la comisión permanente, envió un nuevo S.O.S parlamentario al gobierno de la republica para intensificar el auxilio, socorro en beneficio de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Y es que el Congreso exhortó al presidente Felipe Calderón a que emita un nuevo decreto para ampliar los beneficios fiscales a los contribuyentes de las tres entidades afectadas.

La petición aprobada, que fue propuesta por el PRI, establece que todo lo que se recaude por el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y el impuesto empresarial a tasa única, de julio a diciembre de este año en estas tres entidades del norte, el gobierno federal se los regrese para tareas de reconstrucción.

Al presentar el planteamiento, el diputado del PRI, Morelos Canseco, aseguró que tan sólo en Nuevo León se estima que las labores de reconstrucción podrían ascender a 30 mil millones de pesos

En tanto, el Congreso también aprobó reconocer la labor de todos los ciudadanos que se han solidarizado con los afectados por el meteoro, como es el caso del empresario, Roberto González Barrera.

(Información de Excelsior.com)

Por Ana Rosa Sánchez
asanchez@ehui.com

Se podría considerar el vetar las modificaciones a la reforma aprobada por el Congreso del Estado que regresa la facultad al Gobierno Estatal de decidir sobre cambios en las tarifas del transporte urbano, pues está dentro de las posibilidades que marca ley, señaló el gobernador Guillermo Padrés Elías.

“Es una opción, vamos a analizarla pero creo que por la vía del diálogo de los acuerdos yo creo que podemos avanzar más rápido, que de eso es lo que se trata mi Gobierno, de la reconciliación, haremos lo pertinente”, indicó.

Agregó que se hará lo posible por llevar una buena relación con el Legislativo para poder solucionar el conflicto de transporte que se están presentando en Hermosillo.

“Pues nos tiraron la “bolita”, no la quisieron asumir, pero vamos a ver , nosotros no vamos a escatimar cualquier esfuerzo de diálogo y  reconciliación para poder llegar a buenos acuerdos”, expresó.

Por otra parte afirmó que el asunto entre el sindicato de operadores de transporte urbano lo está llevando el secretario de Gobierno, Héctor Larios, y se busca evitar el paro del servicio y, en caso de llevarse a cabo, buscarán el beneficio de los usuarios.

“Estamos preparados para poder asumir la responsabilidad y prestarle un buen servicio al ciudadano, que es lo que queremos, que nadie se haga vivo aquí, aquí lo que se trata es de llegar a buenas soluciones”, afirmó.

Por Ana Rosa Sánchez
asanchez@ehui.com

Por la mayoría que integran los diputados del PRI-PVEM-PANAL, el Congreso del Estado aprobó regresar al titular del Ejecutivo estatal la facultad de decidir sobre la tarifa del transporte urbano.

Los diputados del PAN y del PRD votaron en contra de la iniciativa.

El diputado priísta Faustino Félix Chávez propuso la iniiciativa, asegurando que ésta fue presentada con el objetivo de solucionar el conflicto del análisis de la tarifa del transporte urbano, la cual fue llevada a Pleno por primera vez en el mes de febrero.

“En esta entidad política, por ser política precisamente, se había politizado este asunto y no había una voluntad realmente de hacer un análisis y, sobre todo, de asumir los costos políticos que ese análisis iba a arrojar con los números que en ese momento teníamos”, dijo.

Además, reiteró que no había intención por parte de la presidencia de la Comisión de Transporte, la panista Eloísa Flores García, para resolver este asunto.

Aseguró las cinco fracciones parlamentarias representados en esta instancia habían coincidido en no incrementar la tarifa del servicio pues sólo se busca la mejor solución para los usuarios.

“Al final del día no queda de otra más que hacer lo que se ha hecho en otros estados dejar esta decisión en manos del Ejecutivo para que él, con todos los elementos, todas las herramientas que marca la ley, pueda entonces sí hacer un análisis correcto de la situación y decide que es lo mejor para los usuarios”, afirmó.

En días pasados el Gobernador del Estado, comentó que su administración acataría las instrucciones o acuerdos a los que se llegarán en el Congreso del Estado en caso de que se aprobará regresar al Ejecutivo la facultad de decidir sobre las tarifas de transporte público.

La autorización de dos líneas de crédito, una para el ayuntamiento de Caborca y otra más para el municipio de Empalme, fueron aprobadas este jueves por el pleno del Congreso del Estado, sesión en la que se  presentaron, además, dos iniciativas de reforma para agravar el delito de robo cuando éste sea en perjuicio de las escuelas o dentro de ellas y una más  para  crear una Ley de Fomento a la Donación Altruista.

Como primer punto del orden del día, se dio lectura a la iniciativa de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, para reformar el Código Penal y de Procedimientos Penales del  Estado de Sonora, en su artículo 308, fracciones X y XI  y  adicionar la fracción XII para que sea considerado grave el delito de robo cuando se cometa “en el interior de instituciones de educación básica, media superior, superior o en sus inmediaciones”.

De igual forma, cuando sea “respecto de bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de educación básica, media superior, superior, para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo, los que por sus características físicas o sus componentes formen parte de la infraestructura física de dichos lugares”.

Como segundo punto, el diputado David Secundino Galván Cázares, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, leyó la iniciativa que presenta y que va en el mismo sentido: para que sea considerado como delito grave el robo en perjuicio de instituciones y planteles educativos, por lo que solicita reformar el artículo 187 del Código de Porcedimientos Penales del Estado de Sonora.

“La presente iniciativa pretende garantizar castigos ejemplares a todo aquel que sustraiga de manera ilegal cualquier mobiliario y equipo tecnológico utilizado para fines educativos en una institución educativa, toda vez que el robo a las escuelas implica la pérdida de bienes del Estado que deben ser protegidos en razón de que su uso es para un noble fin como lo es la educación”, destacó. Ambas iniciativas fueron turnadas  a la Comisón de Justicia y Derechos Humanos.

Por Ana Rosa Sánchez

asanchez@ehui.com

Como lamentable calificó el diputado local Daniel Córdova Bon el que se hayan presentado fuerzas federales a desalojar la mina de Cananea, a pesar de que varias instancias gubernamentales y otras organizaciones habian solicitado que no hubiera intervencion.

“Creo que con el uso de la fuerza no únicamente se atenta contra la seguridad de los trabajadores sino que se pone en riesgo a la ciudadania en general”, consideró el presidente de la comisión especial para atender el caso en el Congreso del Estado.

Dijo que los legisladores hicieron lo que les correspondia en su momento y que seguirán pendientes del desarrollo del operativo.

Comentó que cree que los mineros no han caido en provocaciones y espera que las fuerzas policíacas actúen apegados a derecho y con ética.

Dos mil elementos de la Policía Federal Preventiva y cien estatales, se encuentran en Cananea desde el domingo. Anoche se procedió a la toma de la empresa y el desalojo de los mineros que ahí permanecían desde el 30 de julio de 2007, cuando inició la huelga.

El 11 de febrero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral dio por terminadas las relaciones laborales entre la empresa y el Sindicato Minero.