Por Alejandra Álvarez
aalvarez@ehui.com

A favor de respaldar cualquier acción que fije el poder legislativo con relación al matrimonio entre homosexuales, se manifestó el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez.

La postura del presidente de la CEDH se dio luego de que el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, interpusiera una controversia legal que impide reconocer los efectos del matrimonio gay en Sonora, mismo que ya fue aprobado en el Distrito Federal.

“Vamos a apoyar cualquier decisión del poder legislativo, a partir de ahí se apoyará. Vamos a velar por que no se violen los derechos humanos en las decisiones que pueden afectar a los ciudadanos, en este caso a los grupos vulnerables”, expresó.

En lo que se refiere a la controversia legal, Ramírez Ramírez detalló que este tipo de acciones se dan hasta en los países pioneros en tal reforma, y que considera que no existen impedimentos para hablar con mesura de ello.

Aun así, en Sonora todavía no existe ninguna propuesta de algún actor político, con el fin de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A tres años de publicada la ley que da acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que persisten las agresiones físicas, emocionales, psicológicas y laborales en contra del sexo femenino.

La CNDH subraya que las reformas legales y la actualización legislativa no son suficientes para erradicar la violencia, no obstante han permitido recuperar paulatinamente sus derechos.

Este organismo nacional, que preside Raúl Plascencia Villanueva, demanda la aplicación efectiva de las reformas legales en favor de las mujeres, así como un cambio en las políticas públicas para que se reconozcan sus derechos a la equidad y al trato sin violencia.

Durante la inauguración del seminario “La Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, a Tres Años de su Publicación. Nuevos Desafíos”, el Primer Visitador General de la CNDH, Luis García López Guerrero, consideró urgente aplicar las leyes que fueron modificadas en beneficio de la mujer, pero también cambiar las políticas públicas y sus directrices.

En el auditorio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM, García López Guerrero recordó que el país ha suscrito y ratificado distintos tratados, convenios y documentos internacionales en favor de la defensa de la mujer, pero que la simple adhesión no basta porque deben crearse las condiciones que permitan su aplicación.

Ante estudiantes, docentes y especialistas en derechos humanos, enfatizó que la violencia contra las mujeres sólo podrá erradicarse mediante el impulso de una cultura de la legalidad y el Estado de Derecho.

García López Guerrero dijo que se deben cumplir con las responsabilidades individuales. En ese sentido, la CNDH promoverá la Carta de Deberes de las Personas.

Precisó que deben exigirse todos los derechos, pero también cumplirse todas las obligaciones.

Este seminario fue inaugurado por el secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Barros Figueroa.

El gobierno de Jalisco presentó una controversia constitucional ante la SCJN para que declare la inconstitucionalidad de algunas reformas de la legislación civil del Distrito Federal en materia del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En un comunicado, el gobierno estatal expresó que lo anterior debido a que tiene el compromiso de defender el derecho a la vida y la dignidad de la persona, conforme a la Constitución y el estado de derecho en Jalisco.

Indicó que el Ejecutivo estatal presentó ayer lunes dicha demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que Jalisco considera que dicha norma es contraria a la legislación jalisciense y pudiera tener efecto en el territorio del estado.

Señaló que estas reformas podrían obligar a los estados y municipios a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y así, en Jalisco, se les otorgarían los mismos derechos que al matrimonio reconocido en sus leyes.

Expresó que en Jalisco “el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia.”

Estableció que entre los motivos para presentar la controversia está que desde 1974, conforme a la ley en Jalisco, se sostiene que la familia nuclear está formada por el padre, la madre e hijos.

Además, en la Constitución, al referirse a que un extranjero pueda obtener la nacionalidad mexicana por matrimonio, indica que éste es monógamo y heterosexual.

Por otra parte, añadió, la unión de personas del mismo sexo responde a un interés particular y el matrimonio es de orden e interés público, ya que busca el sano desarrollo de la familia y el interés superior de los hijos.

Apuntó que si se hace referencia al principio de igualdad previsto en la Constitución, no se puede tratar igual a dos relaciones de distinta naturaleza, como sucede con el matrimonio y las sociedades de convivencia.

Comentó que no hay razón objetiva de que se legalicen dichas relaciones, en vista de que ya existe una ley vigente que las regula (Ley de Sociedad de Convivencia) y tampoco se puede alegar discriminación, violencia, prejuicios, exclusión o anulación de las garantías de libertad e igualdad.

Expresó que en las adopciones por parejas homosexuales no se tomó en cuenta el probable impacto psicológico, afectivo y social en los menores, siendo que el Estado debe garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.

Mencionó que parte de estos, es el derecho de adopción que se crea en beneficio del menor y no para satisfacer el anhelo de los adoptantes.

Resaltó que en la publicación del decreto no se advierte que se haya derogado la Ley de Sociedad de Convivencia o se haya anulado en alguna parte, por tanto la redefinición del matrimonio y de los cónyuges que se hace en esta reforma duplica la ley para regular la unión de dos personas del mismo sexo.

Destacó que esta situación generará confusión tanto en los gobernados, como en las autoridades encargadas de aplicar dichas leyes.

José Antonio Paredes

La situación económica con la cual inicio el nuevo milenio cayó en picada desde el 2007 para terminar en una crisis mundial, que incluye al sector informático y de telecomunicaciones, crisis de la que cual aún nos estamos recuperando en este 2010.

Es de resaltar como cambian los tiempos, de estar en la cima del futuro tecnológico se vino el desplome a nivel internacional en esta rama, como paso a finales del 2000 con la crisis de las empresas punto Com, al igual que hace !una década ya!, me toco redactar un articulo que hablaba sobre ello, en ambos casos los hechos que han sacudido el mundo de las nuevas tecnologías, tienen sus raíces en el fenómeno bursátil, es decir, el sistema financiero de varios países, con énfasis en los Estados Unidos en primera instancia.

En ese momento pensé y supuse que seria un nuevo inicio para componer todo lo que el Internet ofrecía en su marco legal, seguridad, garantías y alcances mediante un marco regulatorio en todos los sentidos desde esa llamada potencia económica y ejemplo tecnológico, hoy 10 años después me di cuenta que eso no paso, muy a mi pesar los riesgos en Internet para niños y adolescentes crecieron de manera exponencial en una década,  con el factor e ingrediente que la tecnología aumentó y progresó en otros países sin ese marco regulatorio y legal, y México no fue la excepción, en mayo del 2009 el diario Milenio publicó e hizo notorio que nuestro país esta en las garras de un mal internacional… “La pornografía infantil”, en el cual México se ubica como el segundo país a nivel mundial con mayor producción y distribución de pornografía infantil a través de la Web, material que incluye fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, videos y archivos o discos de computadora.

En el mismo tenor, según el informe global de monitoreo de las acciones contra la explotación sexual comercial de Ecpat Internacional, México es el segundo país en el mundo con mayor producción de pornografía infantil, porque no hay leyes que sancionen la tenencia o posesión de este tipo de material, en especial a través de Internet. Urge un marco legal que sea aplicado en todos los estados del país de manera enérgica, con sanciones verdaderamente riguroso en el castigo de depredadores, abusadores y manipuladores sexuales, a esa gente que hace negocios con los niños que son los más vulnerables; por lo tanto, los padres tienen que estar al pendiente y cuidar el uso que los hijos le dan al Internet, que si bien es cierto, Internet es una puerta al mundo del conocimiento, la investigación y el entretenimiento, también existen riesgos, por ende, hay que fortalecer las acciones de prevención, detección, investigación y castigo en los casos la llamada porno Web infantil.

Actualmente 35 millones de personas se conectan diariamente para buscar imágenes de sexo explícito, material que encuentran en alguna de las 370 millones de páginas pornográficas, donde el 3% son inglesas, el 3% alemanas, el 87% estadounidenses y 7% el resto del mundo, en este ultimo punto en el 2006 representaba el 3.5%, estadística que atañe en parte a México: la explotación sexual de menores de edad a través de la Web, ocupa el tercer lugar de delitos cibernéticos después de amenazas y fraudes, a nivel mundial es una de las actividades-violaciones más repetidas del crimen organizado, el cual de igual manera ocupa el tercer lugar, superado por el comercio de drogas y de armas. (Continuará…)

Lic. José Antonio Paredes Cortes,

MA. Analista de Sistemas de los Servicios de Salud de Sonora.

Comentarios: aparedesc@yahoo.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a tramite el juicio de acción de inconstitucionalidad que promovió el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, contra la ley que permite en el Distrito Federal los matrimonios de personas del mismo sexo y que estos puedan adoptar a niños.

El ministro Sergio Valls admitió a trámite la petición del procurador Chávez Chávez con la que se pretende anular la legislación que permite los matrimonios gay y la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, reformas legales que fueron aprobadas el 21 de diciembre pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

De esta forma el ministro Valls fijó un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para que contesten la demanda que fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que consideró que la nueva legislación contraviene el principio de legalidad pues “se aparta del fin constitucional de protección de la familia”.

Organizaciones civiles en pro de los derechos de los homosexuales presentaron una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera y el conductor de televisión Esteban Arce, por presunta discriminación.

Jaime Genaro López Vela, representante legal de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros, sostuvo que con los comentarios que han expuesto en diferentes espacios sobre la comunidad homosexual, ambas personas estarían infringiendo el Artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal.

Indicó que de acuerdo con ese ordenamiento hay discriminación cuando se incita a la violencia y se atenta contra la dignidad de las personas por orientación sexual e identidad de género.

Solicitó al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Angel Mancera Espinosa, que de cauce conforme a Derecho a esa denuncia y cite a declarar a los probables responsables para deslindar responsabilidades.

En tanto Lolkin Castañeda, del movimiento Acción Ciudadana, quien de manera paralela encabezó una protesta frente las instalaciones de la PGJDF, informó que lo que buscan es que se reconozcan sus derechos.

“Queremos que se nos reconozca como ciudadanas y ciudadanos en todo el ejercicio de nuestros derechos, nuestros derechos no se consultan, nuestros derechos se garantizan”, dijo.

En compañía de unos 15 manifestantes la activista también confió en que las instituciones procederán conforme a Derecho para evitar que se dé marcha atrás a cualquier ley que haya sido aprobada.

Tras la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el Ayuntamiento de Guadalajara aceptó vigilar y proteger los derechos humanos de los periodistas.En la Recomendación 28/2009, el organismo documentó la detención arbitraria de cuatro reporteros, quienes en dos casos distintos fueron privados de su libertad en función de su labor y sin existir una falta administrativa que lo ameritara.

Los elementos policiales responsables de forma violenta les impidieron realizar su trabajo periodístico, usando palabras altisonantes, además de dañar sus herramientas laborales, tales como cámara fotográfica y teléfonos celulares.

En respuesta, el ayuntamiento ordenó al director general de Seguridad Pública de Guadalajara que dicte las medidas necesarias para que policías a su cargo eviten cometer violaciones de derechos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión, tales como los documentados en la resolución en referencia.

En los casos acreditados, los uniformados ignoraron en qué circunstancias es aplicable la figura jurídica de la flagrancia y con ello vulneraron el derecho a la libertad de los comunicadores.

Por ello, el Ayuntamiento se comprometió a difundir entre los servidores públicos la cultura de respeto a los derechos humanos y garantizar los derechos a la información, libertad de prensa y expresión de los periodistas.

Asimismo, se ordenó al director de Asuntos Internos y Jurídicos que inicie, tramite y concluya los procedimientos administrativos en contra de los policías responsables, y que agregue los resultados al expediente de los servidores públicos como antecedente de que violaron derechos humanos.

La pareja de gays Alex Freyre y José María Di Bello celebró el lunes su casamiento en un registro civil de la ciudad argentina de Ushuaia, en lo que constituye la primera boda de homosexuales en América Latina, según informó Di Bello y confirmó un funcionario regional.

Di Bello confirmó el casamiento en una conversación telefónica. “No me dejan de temblar las piernas, fue muy emotivo. Somos la primera pareja de gays que se casa en América Latina”, aseguró.

El casamiento tuvo lugar en el único registro civil de Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país. El casamiento también fue confirmado a por Eduardo Porter, del departamento de comunicación del gobierno de Tierra del Fuego.

El 1 de diciembre la pareja no había podido concretar la boda en la capital argentina debido a una diferencia de pareceres de dos jueces y a que el gobierno de Buenos Aires se negó a autorizar el casamiento.

Di Bello explicó que en un primer momento el registro civil de Ushuaia se había negado a celebrar la unión. “Ante la negativa, interpusimos un recurso jerárquico administrativo al gobierno de Tierra del Fuego, que finalmente autorizó la boda”, explicó el joven.

El gobierno provincial basó su decisión en “la igualdad jurídica que garantiza la Constitución Nacional” para todos los argentinos y en el fallo de la jueza de Buenos Aires Gabriela Seijas que en noviembre había dado vía libre a la boda, puntualizó.

Claudio Morgado, presidente del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (Inadi, organismo gubernamental), ofició de testigo en la ceremonia.

Morgado en declaraciones a la agencia oficial de noticias Telam calificó la boda como “un hecho histórico” y festejó que su organismo hubiera facilitado este matrimonio.

Testigos de la ceremonia fueron Claudio Morgado; la Presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid; la titular del INADI de Tierra del Fuego, Emilce Conejero, y el secretario de Comunicación Institucional del Gobierno provincial, Leonardo Gorbacz, informó un comunicado del gobierno de Tierra del Fuego.

La jueza Seijas había fallado en primera instancia por la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que establecen que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, lo que habilitó el casamiento de la pareja.

Pero la jueza nacional Martha Gómez Alsina se pronunció posteriormente en contra de la boda. Finalmente, el gobierno de la capital argentina decidió no autorizar el casamiento por esta diferencia de pareceres.

El experto en derecho Andrés Gil Domínguez explicó a AP que el gobierno de Tierra del Fuego basó su autorización del casamiento en una “interpretación amplia de la Constitución argentina”, que no establece expresamente que la familia y los matrimonios deban estar formados por personas de diferente sexo.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos están por encima del Código Civil, dos de cuyos artículos fueron considerados discriminatorios e inconstitucionales por la jueza Seijas, explicó Gil Domínguez, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, explicó que la decisión de autorizar el casamiento de Freyre y Di Bello “está avalada por un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica, basado en el fallo que declara inconstitucional” los artículos del Código Civil, señaló el comunicado provincial.

Según la gobernadora, el casamiento gay “es un avance importantísimo en materia de derechos humanos e inclusión social y estamos muy contentos de que se haya dado en nuestra provincia”, añadió el comunicado.

En octubre ingresaron al Congreso proyectos de ley para modificar el Código Civil, pero su tratamiento quedó suspendido y la iniciativa no se debatiría hasta marzo, cuando se reanudarán las sesiones ordinarias en la cámara baja.

Se espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie acerca del matrimonio entre parejas de homosexuales en los próximos meses.

La aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo hecha por la Asamblea del Distrito Federal es un triunfo de tolerancia sobre el prejuicio y la igualdad de derechos sobre la discriminación, opinó hoy el diario Los Angeles Times.En un editorial, el rotativo abordó la aprobación hecha esta semana de una ley que permite a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar hijos en la capital mexicana.

El periódico subrayó que esta semana la ciudad de México se puso al frente de un cambio social en Latinoamérica.

“Este es un paso adelante en la lucha contra la violencia física e institucional en contra de los homosexuales, porque esto sólo nos ratifica que los homosexuales y las lesbianas son como todos nosotros”, anotó.

La definición de matrimonio ha cambiado al pasar de la unión de un hombre y una mujer por el de la libre unión entre dos personas, en una ley que ha prometido que promulgará el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en las próximas semanas.

La lucha por la igualdad de derechos de homosexuales y lesbianas no ha sido fácil en ningún lugar y México no es diferente, opinó el rotativo.

La hostilidad y el prejuicio no pueden ser borrados sólo con una ley, sin embargo, es un gran paso para millones de residentes en la capital mexicana incluidas las parejas del mismo sexo, enfatizó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emitió una Recomendación al Procurador General del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez, al acreditar violaciones a los derechos fundamentales de Jorge Alberto Ayala Santacruz en hechos acontecidos el pasado 27 de junio de 2008.

En el documento se establece que el análisis de las pruebas acreditaron la existencia de violación a los derechos humanos del quejoso por parte por parte de elementos de la Policía Estatal Investigadora, quienes provocaron múltiples contusiones en su integridad física.

Las lesiones que le provocaron y que fueron clasificadas como de aquellas que tardan menos de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, no existe duda le fueron infligidas por agentes de la Policía Estatal Investigadora, toda vez que de acuerdo con el dictamen del Asesor Médico de la Comisión, dichas lesiones presentan una antigüedad de entre seis y siete días que lo ubican precisamente cuando se encontraba a disposición de dicha corporación policial en las instalaciones de la base operativa ubicada por el Boulevard García Morales, salida a Bahía de Kino, Sonora.

En ese orden de ideas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora hizo las siguientes recomendaciones:

Primera. Que en ejercicio de las atribuciones que la ley le concede y por las razones expuestas, instruya lo conducente para que de inmediato se inicie Averiguación Previa  por los delitos de Abuso de Autoridad, Lesiones y/o los que resulten, en contra de  los elementos de la Policía Estatal Investigadora y/o  quien resulte responsable, que lesionaron en su integridad física al señor Jorge Alberto Ayala Santacruz con motivo de las investigaciones a que fue sujeto que constan en los autos del expediente 0134/07, relativo a la averiguación Previa iniciada en su contra por el delito de Homicidio calificado.

Segunda.- Que en ejercicio de las atribuciones que la ley le concede, y por las razones expuestas, instruya lo conducente para que de inmediato se inicie  Procedimiento Administrativo de Responsabilidad a los elementos de la Policía Estatal Investigadora encargados de la investigación, así como de su custodia y/o quien resulte responsable, que participaron en los hechos conculcatorios de los derechos fundamentales del C. Jorge Alberto Ayala Santacruz; y, en su oportunidad, se resuelva conforme a derecho corresponda.