Redacción/Ehui
La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar, para confirmar o descartar, si el incendio de origen de la guardería ABC fue provocado, como concluye el peritaje de Associated Fire Consultants Incorporated, declaró Fernando Gómez Mont.
El Secretario de Gobernación dijo en rueda de prensa que no fue a través de la PGR, sino del grupo de padres “Manos Unidas por Nuestros Niños”, que se lo entregaron al presidente Felipe Calderón, que conoció el peritaje que indica que fue intencional el incendio de la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, que pasó a la estancia infantil, subrogada del IMSS, provocando la muerte de 49 niños y afectaciones a 104.
“Yo creo que tendrá que ser analizado y procesado y, en su momento, inclusive tendrá que ser presentado ante el juez para que lo valore en los procesos que ahora están en curso, y sí mueve a que se haga una investigación más seria, sobre todo cuando esto es un esfuerzo que hicieron padres de las víctimas y que implica que se despeje o se confirme una preocupación de ellos, como puede ser la hipótesis que se plantea en ese peritaje de un incendio provocado”, consideró.
Acatarán recomendaciones de la SCJN
Dijo que a este viernes 18 de junio, se encuentran sujetos a procesos penales 17 personas en el fuero federal y 7 en el local, y que desde su ámbito de su competencia la PGR revisará la responsabilidad penal de todos los servidores públicos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como involucrados en la violación grave de garantías individuales.
Además, se trabajará junto al Congreso de la Unión en una nueva Ley de Protección Civil para homologar criterios y generar protocolos de atención a riesgos de emergencias para evitar que una tragedia similar se repita. Se cerrarán sólo aquellas guarderías que no pasen la revisión de seguridad.
Se comprometió a cumplir con la atención vitalicia a los niños que se encuentran lesionados.
Defiende su cabildeo en SCJN
En la rueda de prensa, Gómez Mont defendió su participación ante la SCJN previo a la discusión sobre la violación de garantías individuales en el caso, pues preocupaba al Gobierno federal que se fijaran responsabilidades a funcionarios públicos de alto nivel que no están reglamentadas.
“Acudimos a la Corte a buscar que se hiciera justicia de acuerdo al sistema de reglas que determinan las responsabilidades de los servidores públicos, no fuimos a defender a nadie, sólo fuimos a pedir que se aplicaran reglas razonables que permitían a los servidores públicos determinar dónde están sus deberes y dónde no”, puntualizó.
Afirmó que el Gobierno federal es sensible al dolor de los padres de las víctimas, pero también les preocupaba que se cimentara responsabilidad a servidores públicos que no parta de la ley, pues estos pueden hacer únicamente lo que la legislación les permite, tan es así que la mayoría de la SCJN rechazó señalarlos.
“Uno debe ser y asumir responsabilidad por lo que le toca evitar tratándose de las omisiones, pero si este deber está en otro nivel y en otra parte ¿por qué escalarlo hasta allá? Yo lo que digo es ¿y un dolor tan profundo, se aliviará si se comete una injusticia?. Yo sólo pido esa reflexión”, subrayó.
Asimismo, dijo que no considera un comportamiento antiético que Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam Toumeh, ex director y director del IMSS, hubieran acudido también a la Corte, así como que no hubieran renunciado tras lo ocurrido el 5 de junio de 2009.
