Redacción/Ehui

Cuatro sujetos fueron detenidos por policías municipales, luego protagonizar una persecución que inició por el robo de cerveza y el supuesto “levantón” de una joven, que no resultó tal.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que a las 7:40 horas, los detenidos robaron un paquete de 48 cervezas en un Oxxo ubicado en Camino del Seri, para luego darse a la fuga en un vehículo Lincoln de color blanco.

Posteriormente acudieron al domicilio de una joven, de la que no se proporcionó el nombre, donde golpearon con la chacha de una pistola a su novio y, según éste, se la llevaron a la fuerza. Los detenidos afirman que la mujer los acampañó voluntariamente.

Tras recibir el reporte, a las 8:15 horas inició la persecución sobre el bulevar Vildósola, participando 7 patrullas, tras alrededor de 15 minutos lograron detenerlos en las calles Pino Suárez y Serdán, en la colonia Centro de Hermosillo.

Aunque se reportó que traían armas, éstas no fueron encontradas al momento de la detención.

Los detenidos fueron identificados como: Aldolfo de Jesús y Manuel Osuna Ardines, de 21 y 22 años de edad, originarios de Mazatlán Sinaloa.

Así como Julio César Ramírez Hernández, de 21 años de edad, originario de Badirahuato, Sinaloa, y Macario Sánchez Alapizo, de Hermosillo.

Ana Rosa Sánchez
asanchez@ehui.com

Presentó la propuesta de reforma a un nuevo modelo policial en el que se integre a la policía municipal y estatal en un mismo frente en contra del narcotráfico, David Galván Cázares, diputado por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso Estatal.

Aseguró que este nuevo modelo ya fue presentando ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el pasado 3 de marzo y a diputados locales el 7 de junio y se esperá que sea presentado en el Congreso de la Unión.

Este proyecto fue desarrollado y propuesto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDEN).

El objetivo del programa es agilizar el tiempo de respuesta de las autoridades y evitar que el crimen organizado encuentre vacíos en el recurso humano y legal en las corporaciones, por medio de la integración de las dos mil 22 corporaciones del país en 31 corporaciones estatales de la policía.

Comentó que éste modelo ya fue aplicado en la república de Argentina y ha demostrado índices más bajos en delitos como robo, secuestro y violaciones desde que se implementó hace seis años.

MONTERREY.- Unos 600 policías de Monterrey fueron acuartelados sin previo aviso durante dos días y serán sometidos a diversas pruebas que intentarán determinar quién tiene vínculos con el narcotráfico, informó hoy el alcalde de la ciudad.

Durante los dos días en los que se someterán a cinco pruebas distintas para ver si pueden seguir en el cuerpo o son expulsados, el Ejército mexicano y agentes estatales se encargarán de la vigilancia de la ciudad.

El Ejército ha documentado que la policía de Monterrey está infiltrada por el crimen organizado y que muchos de sus miembros trabajan para el grupo conocido como “Los Zetas”.

En los últimos meses varios de sus agentes han sido detenidos por colaborar con cárteles del narcotráfico y se ha descubierto que incluso algunos policías secuestraron ciudadanos para entregarlos a la delincuencia organizada, que se encargaba de extorsionarlos o asesinarlos.

“Hoy venimos a iniciar con el nuevo Secretario y de la mano de la Comisión Ciudadana, un acuartelamiento y durante los próximos dos días a los tres turnos que tiene la Policía regia, cada uno de los efectivos de la corporación van a ser sujetos a cinco evaluaciones”, precisó Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey.

“Entendemos que este será un momento amargo especialmente para los buenos policías, que son los más”, agregó a los periodistas Larrazabal.

“No podemos que por el mal desempeño de algunos policías que en los últimos días han manchado el nombre de la corporación se manche el trabajo de toda la Policía regia”, subrayó.

El funcionario destacó que los 14 mandos de la corporación y los aproximadamente 600 policías operativos serán sometidos, a partir de hoy y hasta el martes, a cinco exámenes, entre otros psicométricos, antidoping y la prueba del polígrafo.

Cuando el próximo viernes se tengan los resultados, se determinará cuáles efectivos de la corporación municipal seguirán vigilando la ciudad y quiénes serán dados de baja.

(Con información de EFE)

MONTERREY.- Tras su desaparición el viernes pasado, los dos agentes de la Policía Federal fueron encontrados muertos al interior de un rancho en el municipio de China, a unos 120 kilómetros al oriente de esta capital, informaron autoridades policiales locales.

Los occisos identificados como Sergio Torres Peguero y Giovanni Aguiar Geraldo, quienes tenían a cargo la unidad 11501, la cual fue encontrada hace dos días en el kilómetro 88 de la carretera Monterrey-Reynosa, donde fueron ‘levantados’ por grupos de la delincuencia organizada.

Agentes de la Policía Federal y Ministerial del Estado, así como militares acordonaron la zona conocida como ‘La Morita’, mientras un helicóptero sobrevuela esa región del oriente de Nuevo León.

Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Nuevo León y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recaban evidencias en el sitio del hallazgo.

(Información de Notimex)

PHOENIX.- Una junta estatal empieza el miércoles a trabajar en un programa de entrenamiento de policías de Arizona para que implementen una nueva y dura política del estado contra la inmigración de indocumentados, evitando la etiquetación racial en su aplicación.

La ley restringe el uso de raza, color u origen nacional como base para interrogatorios de inmigración, pero los críticos temen que los policías aún así estarán influidos por sus prejuicios de que la mayoría de los indocumentados parecen hispanos.

“La forma en que está redactada la ley, casi lleva a los policías a la etiquetación racial, al mismo tiempo que dice ‘no lo hagan”’, dijo el jefe de la policía de Phoenix, Jack Harris, a The Associated Press la semana pasada.

Se espera que la junta vote el miércoles sobre un sistema para el desarrollo del material de entrenamiento.

La gobernadora del estado, Jan Brewer, ordenó la creación del curso de entrenamiento cuando firmó la ley de inmigración ilegal el 23 de abril.

La normativa exige a los agentes de policía que comprueben el estatus migratorio de una persona si existen “sospechas razonables” de que están en el país sin papeles. Además, califica como delito estatal el estar ilegalmente en Estados Unidos.

La ley ha sido fustigada por grupos de derechos civiles y algunos funcionarios policiales, quienes dicen que la medida pudiera causar el interrogatorio de hispanos simplemente por su aspecto racial.

Dos policías, uno de Phoenix y uno de Tucson, las dos mayores ciudades de Arizona, han presentado demandas en las que piden a jueces que anulen la ley. Los policías argumentan en parte que la misma no puede ser implementada sin emplear etiquetación racial.

Los partidarios de la ley dicen que existen muchos factores aparte de la raza que pueden indicar que alguien está ilegalmente en el país. Dicen por ejemplo que un policía tendría una sospecha razonable si se encuentra con un automovilista sin identificación que dé información contradictoria y viaja por una ruta conocida de contrabando de indocumentados.

La ley fue aprobada en parte gracias al cabildeo de gremios que representan policías que argumentaron que se les debería permitir arrestar a los inmigrantes ilegales con quienes se encuentren.

Enfrentó la oposición de jefes policiales preocupados por los costos de implementarla y por sus potenciales efectos negativos en la confianza mutua que han cultivado en barrios hispanos.

La ley entra en vigencia el 29 de julio, a menos que sea bloqueada por impugnaciones legales pendientes.

(Con información de AP)

Phoenix.- La estricta nueva ley de Arizona contra la inmigración ilegal ha producido divisiones en la policía de Estados Unidos, generando enfrentamientos entre agentes con sus superiores y suscitado temores de que frustre los esfuerzos por combatir la delincuencia en las comunidades hispanas.

Dos policías impugnaron la ley en un tribunal, mientras que sindicatos de agentes que cabildearon por la normativa la defienden de aquéllos que la critican dentro de la corporación.

Ambas partes debaten cómo puede aplicarse una ley como la de Arizona sin que derive en la detención de hispanos por su apariencia racial, y sin que cause un distanciamiento con residentes en vecindarios latinos con quienes la policía lleva años intentando forjar una relación de confianza.

“Antes de que la ley fuera decretada, los ciudadanos me saludaban a distancia con la mano”, dijo David Salgado, un policía en Phoenix desde hace 19 años que demandó a la ciudad y a la gobernadora Jan Brewer en un intento por obstruir su aplicación.

“Ahora (los residentes hispanos) no desean ni mirarme a los ojos”.

Sin embargo, los sindicatos de policía afirmaron que muchos de sus agremiados en Arizona están cansados de sentirse impotentes frente a personas a las que consideran indocumentadas.

Esos agentes desean tener una herramienta legal para poder arrestarlas. Arizona registra el mayor movimiento y tráfico de indocumentados en Estados Unidos.

“El delito no lo determina el color de la piel, sino la conducta”, señaló Mark Spencer, presidente de la Asociación de Phoenix para la Aplicación de las Leyes, el sindicato que representa a los agentes de la capital de Arizona y que apoyó con firmeza la legislación contra la inmigración ilegal.

La ley exige que, cuando la policía esté en proceso de hacer respetar otra ley, verifique la condición migratoria de una persona si es que existe sospecha “razonable” de que se encuentra indocumentada en Estados Unidos.

Diversos jefes policiales y alguaciles de Arizona coinciden en señalar que serán inevitables las detenciones de personas por su simple aspecto racial, por mucho que se esfuercen los agentes por impedir que ello suceda.

La ley contra la inmigración ilegal terminará por quitarle tiempo a la policia para la solución de delitos en ciudades y poblados, coincidieron.

“Cuando se tiene una ley que pone a un estado en esta ruta, donde la aplicación está dirigida contra un segmento particular de la población, es muy difícil evitar que no haya arrestos por mera apariencia étnica”, dijo el jefe de la policía de Phoenix, Jack Harris, un crítico de la ley.

El lunes, jefes policiales de los estados de Maryland y Nevada condenaron la legislación, y afirmaron que podría consumir recursos vitales y destruir la delicada relación que existe con las comunidades inmigrantes si es aplicada en sus propios estados. Existen al menos otros nueve estados que consideran aprobar una legislación similar.

(Con información de AP)

Redacción/Ehui

Bácum.- El agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), que presuntamente disparó su arma de cargo y provocó la muerte de una persona en  la comunidad indígena de Pótam, se entregó a las autoridades de la Policía Estatal Investigadora (PEI), luego de que las investigaciones indican su probable responsabilidad en los hechos.

Tras varias horas de ser buscado por agentes de la PEI, el elemento activo de la PESP, Leonel Trinidad Castro Molina, de 23 años de edad, originario de Pótam, y quien se encontraba de descanso, fue ubicado y se entregó a los agentes  en esta comunidad.

Los elementos de la PEI lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Bácum, Miguel Ángel Parra Rodríguez, quien integra la averiguación previa correspondiente, quien posteriormente lo consignará por homicidio intencional.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo, aproximadamente a las 02:30 de la mañana, en el interior del poblado de Pótam, a 180 metros al Norte del Panteón local, donde murió José Mario Amarillas Valencia, de 23 años de edad, mismo que presentó un impacto de bala a la altura de la cabeza.

En el lugar, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, localizaron cinco cartuchos percutidos calibre .9 milímetros, mismos que al parecer fueron disparados por el agente de la PESP, con su arma de cargo, una pistola tipo escuadra, calibre .9 milímetros, marca Glock.

En sus primeras declaraciones, el presunto homicida, expuso que se encontraba en el sitio antes señalado en compañía de otras personas, minutos después de haber estado en un baile popular, se dirigieron a un domicilio, donde ingirieron bebidas embriagantes, para después dirigirse al lugar de los hechos, donde sacó su arma de cargo y realizó los disparos sin objetivo definido, y posteriormente hacer disparos hacia donde se encontraba el ahora occiso.

Tras los hechos se retiró del lugar, pero dentro de las investigaciones se logró su identificación, por lo que agentes de la PEI iniciaron su búsqueda siendo ubicado en Bácum, para posteriormente ser presentado ante el Agente del Ministerio Público de ese municipio.

PHOENIX.- Autoridades federales en Arizona informaron hoy que un presunto policía mexicano fue detenido y acusado de tratar de introducir 17.5 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

La Oficina del Procurador Federal en Arizona indicó que Ernesto Ibarra García, presunto agente de la policía municipal de San Luis Río Colorado, en el fronterizo estado mexicano de Sonora, fue descubierto el pasado martes tratando de cruzar la frontera con cocaína escondida en su vehículo.

De acuerdo con la dependencia, Ibarra García, de 33 años de edad, trató de internarse en territorio estadunidense la tarde del martes por el cruce internacional de San Luis, Arizona, conduciendo una camioneta tipo Dodge Durango registrada a su nombre.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisaron la camioneta con la ayuda de un perro adiestrado en la detección de narcóticos, y descubrieron 16 paquetes de color café con un peso total de 17.5 kilos escondidos en el vehículo.

El procurador federal en Arizona, Dennis K. Burke, informó que Ibarra García fue acusado formalmente este viernes ante una corte federal de un cargo de importación de cinco kilos o más de una sustancia prohibida, y otro de posesión de una sustancia controlada con intento de distribución.
Fuente Notimex

El Congreso de Chihuahua aprobó reformas al código penal para castigar hasta con más de 60 años de prisión a policías y ex policías que cometan algún delito del tipo doloso.

Los legisladores consideraron que la reforma se basó en que además de la peligrosidad de os policías y ex policías que pasan a las filas de la delincuencia y el crimen organizado, “se deben considerar como traidores a la sociedad y a la patria”, de acuerdo al diputado Manuel Jurado, del PAN, quien propuso la iniciativa.

Añadió que es preocupante que los ciudadanos vean con “horror, el incremento de elementos de las fuerzas del orden y de las demás áreas vinculadas con la procuración e impartición de justicia, en hechos delictivos”, poniendo en jaque la actuación efectiva los cuerpos policiales que laboran para proteger a los ciudadanos.